Proselitismo

Grandes polémica se han desatado en los medios de comunicación y redes sociales por la revelación de la grabación ilegal de una llamada telefónica entre la senadora Claudia Corichi y el candidato a la gubernatura de Guerrero por PRD, PT y Convergencia (en robar), Ángel Aguirre.

Puede escucharse la conversación y se notará que existe una buena amistad entre la senadora Corichi y el candidato. Durante la conversación tratan de varios temas referentes a la elección, pues ambos son políticos de profesión y hablan sobre temas de política. Los grandes revueltos son porque durante la conversación la senadora Corichi, hija de Amalia García, hace referencia a 100 zacatecanos locos dispuestos a tomar revancha. Se da alarma también en temas de unos apoyos hablando en código haciendo referencia a libros y dulces. Es común y es sabido por todos, que los políticos actuales ocupan ciertas claves para hacer referencia a ciertos temas que dichos con todas sus letras causarían mucho más que molestias y se pensarían ilícitos. Aún así, lo que revela la grabación es que una senadora del PRD, compañera del ahora candidato al gobierno de Guerrero, otrora senador de la República, ofrece su apoyo para la campaña en el estado de Guerrero y se entiende que en ese apoyo se da cuenta de algunos apoyos económicos que siempre son necesarios en las campañas políticas.

En resumidas cuentas, lo que podemos escuchar en la grabación es a una senadora de la República del PRD por el estado de Zacatecas ofrecer su apoyo a su amigo, el candidato Ángel Aguirre. Dicha conversación, sobre todo por la parte de los libros y dulces y los zacatecanos locos ha causado grandes polémicas, las cuales son superfluas pues lo que se escucha ahi son sólo palabras y la referencia a los sin zacatecanos locos no queda clara, por lo cual, no puede entenderse como un acto delictivo. Lo que se entiende como el acto delictivo es la grabación ilícita de esa llamada telefónica.

Este embrollo construido en los medios de comunicación me lleva a recordar la reforma electoral de 2006. En el país tenemos graves conflictos de participación ciudadana y actividad política en la nacion. No poseemos una cultura electoral ni política; no es difícil encontrar en el país, sobre todo en provincia, a compañeros campesinos que comprometen su voto por despensas o promesas de programas de asistencia al campo.

Lo que hace la reforma ciudadana es complicar aún más la participación activa de la ciudadanía en la vida política del país y reservar la aún más a las franquicias partidarias. Una reforma que contraviene al artículo primero y sobre todo al artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que hace la reforma de 2006 es elevar a rango constitucional prohibiciones a los ciudadanos para hacer proselitismo político y no sólo a los ciudadanos sino a los mismos actores políticos que tengan en ese momento algún cargo en el servicio público.

Si escuchamos bien los promocionales en la radio del gobierno federal y los gobiernos locales al final de ellos siempre hay una leyenda que dice: este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal. Esto es algo que en realidad es algo absurdo, pues los gobernantes provienen de algún partido político, su administración se basa en ideologías correspondientes a su partido y tienen el total derecho de ocupar los programas que impulsen durante su gestión para promoverse o promover a su partido político. Esto es algo de lo más elemental y de lo más sano en la vida política democrática. Las mejores democracias, las que se pueden considerar las más perfectas como la británica o la estadounidense lo considera y tan lo toman en cuenta que el presidente de los Estados Unidos de América hace campaña a favor de los candidatos de su partido. En Inglaterra, el Primer Ministro, es elegido no por los votos que el obtenga y sino por la cantidad de escaños que su partido obtenga en el parlamento inglés, y para poder mantenerse en el poder tiene que hacer campaña a favor de su partido.

La reforma de 2006 contradice el espíritu de la vida democrática, en la cual los servidores públicos, los senadores de la República, los diputados, y demás servidores públicos emanados de partidos políticos o agrupaciones políticas hagan proselitismo a favor de ellos, difundan su ideología y defiendan sus principios. La reforma electoral de 2006 limita la vida democrática de los mexicanos, no sólo negando el proselitismo a los servidores públicos, sino también, la libertad de expresión a los ciudadanos en los medios de comunicación (tele, radio, etc.) en favor del candidato que consideren la mejor opción.

En un afán de conservar los poderes, los privilegios y la franquicia de la vida política los partidos políticos mexicanos han cerrado las puertas de la democracia a los ciudadanos.